Implicaciones Estratégicas, Riesgos y Advertencias para Entidades Financieras en México
El Gobierno de México publicó la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030 establece la hoja de ruta del gobierno mexicano para ampliar el acceso, uso y calidad de los servicios financieros, con énfasis en bienestar financiero, digitalización y atención a poblaciones vulnerables. Aunque el documento busca metas razonables de inclusión, introduce riesgos inherentes y residuales significativos en materia de fraude, PLD/FT, corresponsalía y operación en zonas de alta vulnerabilidad.
Este análisis ofrece una lectura estratégica del Plan y alerta sobre sus implicaciones regulatorias, sus brechas frente a estándares internacionales y los desafíos inmediatos que las entidades financieras deberán gestionar entre 2025 y 2030.
PARTE 1 — EXPLICACIÓN EJECUTIVA Y GENERAL
1. ¿Qué es la PNIF 2025–2030?
La Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030 (PNIF) es el instrumento rector que define la visión del Estado mexicano en materia de acceso, uso y calidad de los servicios financieros durante los próximos cinco años. Fue formulada por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) —integrado por SHCP, Banxico, CNBV, CONDUSEF, CONSAR, CNSF, IPAB, Tesofe— y constituye el marco político al que se alinearán los planes anuales de trabajo de las autoridades financieras.
La PNIF se presenta como una estrategia nacional orientada a mejorar el bienestar financiero de personas y empresas, entendido como la capacidad para administrar finanzas cotidianas, enfrentar emergencias, planear objetivos y sentirse financieramente seguros.
2. Propósito y Alcance
El propósito central de la PNIF es ampliar la inclusión financiera en México mediante:
- Mayor acceso a productos formales (ahorro, crédito, pagos, seguros).
- Incremento del uso efectivo de servicios financieros.
- Fortalecimiento de la protección al usuario y la experiencia del cliente.
- Expansión de canales físicos y digitales en zonas subatendidas.
- Inclusión prioritaria de mujeres, poblaciones rurales, personas indígenas, migrantes, personas con discapacidad y mipymes.
Es un documento programático, no regulatorio: no crea obligaciones nuevas, pero sí establece expectativas institucionales que influirán en la supervisión, en la regulación secundaria y en la presión pública hacia el sistema financiero.
3. Estructura Oficial del Plan
La PNIF se organiza en:
Objetivo General
Fortalecer el bienestar financiero mediante mayor acceso y uso de servicios financieros formales, con regulación adecuada y mecanismos robustos de prevención y protección.
Ocho Objetivos Estratégicos, entre los cuales destacan:
- Promover el ahorro formal y de largo plazo.
- Facilitar el financiamiento formal a personas y mipymes.
- Incrementar el uso de pagos electrónicos y reducir la dependencia del efectivo.
- Impulsar seguros y servicios especializados.
- Garantizar la igualdad de género y la inclusión de grupos vulnerables.
- Ampliar la cobertura y accesibilidad mediante infraestructura física, digital y corresponsales.
- Fortalecer la prevención, protección y confianza en el sistema financiero.
Temas Transversales
- Igualdad de género.
- Inclusión de grupos vulnerables.
Habilitadores
- Cobertura y accesibilidad.
- Prevención, protección y confianza.
- Educación financiera (coordinada con la ENEF).
Metas Cuantitativas a 2030
Algunas de las metas más relevantes incluyen:
- Acceso a productos financieros: 78.1% → 83%.
- Ahorro formal: 28.5% → 33%.
- Pagos electrónicos: 38.2% → 46%.
- Seguros privados: 22.2% → 30%.
- Crédito activo para mipymes: 25.3% → 30%.
Aunque moderadas, estas metas serán la base para evaluar el desempeño institucional y supervisar la coherencia de políticas internas con la estrategia nacional.
4. ¿Por qué es relevante para las entidades financieras?
Porque la PNIF no es un documento decorativo: es el marco que guiará la supervisión de CNBV, CNSF, CONSAR, Banxico y CONDUSEF entre 2025 y 2030.
Su impacto será perceptible en:
- Modelos de KYC/KYB, especialmente para segmentos vulnerables.
- Exigencias de protección al usuario, transparencia y publicidad.
- Evaluaciones sobre desrisking, exclusión involuntaria y trato discriminatorio.
- Transformación de canales de atención (corresponsales, banca móvil, fintech).
- Expectativas respecto al uso de datos, trazabilidad, seguridad y ciberfraude.
- Vinculación entre inclusión e indicadores de cumplimiento en supervisión.
El mensaje de fondo es claro: la inclusión financiera será evaluada junto con el cumplimiento, y no aparte de él.
PARTE 2 — ANÁLISIS TÉCNICO
Riesgos Inherentes, Riesgos Residuales y Amenazas del Plan 2025–2030. Un análisis estratégico desde la óptica de cumplimiento, crimen financiero y supervisión
I. Riesgos Inherentes del Plan (los que surgen del propio diseño de la PNIF)
1. Riesgo inherente de fraude digital y suplantación de identidad
La expansión de pagos electrónicos, banca móvil y onboarding remoto aumenta de forma natural:
- Phishing, smishing, vishing y SIM swapping;
- Robo y venta de identidades digitales;
- Cuentas muleteadas para fraudes y ciberestafas;
- Manipulación de usuarios con baja educación digital.
Las metas del plan presionan a digitalizar, pero no fortalecen controles mínimos ni estándares operativos obligatorios.
2. Riesgo PLD/FT al incorporar segmentos vulnerables
La PNIF prioriza la inclusión de:
- Zonas rurales
- Personas indígenas
- Migrantes
- Receptores de remesas
- Beneficiarios de programas sociales
- Micro y pequeños negocios informales
Estos grupos operan con:
- Alta dependencia del efectivo,
- Baja documentación
- Alta informalidad y baja trazabilidad
- Posible cooptación por economías criminales locales.
El riesgo inherente es claro: la ampliación del sistema financiero puede convertirse en ampliación del riesgo criminal si no se rediseñan los modelos de debida diligencia y monitoreo.
3. Tensión estructural entre inclusión financiera y PLD/FT
El Plan exige simultáneamente:
- Facilitar apertura de productos
- Reducir fricciones
- Atender segmentos sin historial financiero
y al mismo tiempo:
- Fortalecer prevención
- Proteger a usuarios vulnerables
- Evitar riesgos criminales
Son objetivos contradictorios si no hay regulación específica para ponderarlos y, actualmente no existe una guía del regulador que elimine esta contradicción.
4. Riesgos por expansión de corresponsales y terceros
El habilitador de cobertura y accesibilidad implica ampliar la presencia mediante:
- Corresponsales
- Comercios minoristas
- Entidades tecnológicas
- Agregadores de pagos
Problemas inherentes:
- Controles débiles
- Fallas de segregación
- Fraudes internos
- Manipulación de identidades
- Puntos de atención sin vigilancia
- Exposición a redes criminales locales que usan tiendas y negocios como centros de lavado
5. Riesgo conductual por productos inadecuados o mal entendidos
Aumentar acceso no garantiza buen uso.
Los segmentos vulnerables son especialmente sensibles a:
- Sobreendeudamiento
- Tasas y comisiones mal entendidas
- Seguros que no ofrecen valor
- Publicidad engañosa
- Apps de crédito abusivas
- Fraudes por “pagos anticipados”
Este riesgo es inherente al enfoque del Plan, que empuja productos sin garantizar capacidades del usuario.
6. Riesgo operativo por infraestructura insuficiente
Zonas rurales y localidades remotas tienen:
- Baja conectividad
- Fallas eléctricas
- Red débil
- Infraestructura bancaria mínima
Al forzar una expansión acelerada, la PNIF genera una brecha entre metas y capacidad real del país para sostener canales funcionales y seguros.
7. Riesgo de implementación asimétrica entre autoridades
La PNIF depende de coordinación entre:
- CNBV
- BANXICO
- CONDUSEF
- CNSF
- CONSAR
- SHCP
Pero cada una tiene facultades, métodos de supervisión y prioridades distintas.
La probabilidad de implementación divergente es alta, generando:
- Criterios inconsistentes
- Duplicidad de requerimientos
- Riesgos regulatorios por incertidumbre
8. Riesgo inherente de “cumplimiento cosmético”
El plan no establece sanciones ni consecuencias por incumplimiento.
Esto abre la puerta a:
- Cuentas abiertas pero no usadas
- Indicadores inflados
- Inclusión ficticia
- Estrategias superficiales sin impacto real
II. Riesgos Residuales (persisten incluso con buenos controles)
1. Riesgo residual de crimen financiero por uso de efectivo
Aun con mejores controles:
- Los segmentos vulnerables seguirán usando efectivo
- Seguirá siendo difícil rastrear beneficiarios finales
- Persistirá mezcla de ingresos lícitos/ilícitos
- Aumentará riesgo de depósitos estructurados
El efectivo es un riesgo residual imposible de eliminar.
2. Riesgo residual de fraude digital y ciberataques
El fraude evoluciona más rápido que la regulación.
Aun con controles avanzados:
Habrá deepfakes en onboarding
Manipulación psicológica de usuarios vulnerables
Robo masivo de identidades
Fraudes por ingeniería social.
3. Persistencia del De-risking injustificado
Incluso si se ajustan KYC:
El personal puede aplicar criterios restrictivos para evitar sanciones
Algunos segmentos seguirán etiquetados como “demasiado riesgosos”
Habrá exclusión indirecta por criterios operativos
4. Riesgos residuales de corresponsales y terceros
Aunque se establezcan auditorías y monitoreo, siempre quedarán:
Corresponsales con controles mínimos
Robos
Fallas en puntos remotos
Desviación operativa no detectada a tiempo.
5. Riesgo reputacional
La narrativa pública será simple: si algo falla con usuarios vulnerables, la culpa será de la institución, no del Plan.
Casos probables:
Fraudes masivos
Fallas de canales en zonas rurales
Productos incomprendidos
Corresponsales involucrados en delitos
III. Riesgos de Desalineación con Estándares de los Estados Unidos
Este es el punto crítico que pocos están viendo.
La PNIF no contempla:
Riesgos transfronterizos
Lavado complejo
Riesgos sistémicos
Integridad financiera
Amenazas de cárteles
Estándares de FinCEN/OFAC.
Estados Unidos ya sancionó a:
CIBanco
Intercam
Vector Casa de Bolsa
10 casinos mexicanos
Designó a carteles como FTO y SDGT.
La PNIF no responde a ese entorno ni en diagnóstico ni en sus estrategias.
Consecuencias:
- México está avanzando una agenda social mientras EUA avanza una agenda de seguridad nacional financiera
- Las entidades que sigan únicamente la PNIF quedarán vulnerables ante sanciones estadounidenses y presiones de corresponsales
- La brecha entre estándares mexicanos y estadounidenses aumentará entre 2025–2030.
IV. Riesgos Específicos para Distintos Sectores
Bancos y Sofomes
- Mayor exposición a onboarding deficiente
- Riesgo de puntos de atención en zonas controladas por crimen organizado
- Revisión más estricta de operaciones con efectivo
SOFIPOs y SOCAPs
- Alta exposición a poblaciones vulnerables (riesgo inherente de PLD/FT)
- Controles limitados para fraude.
Fintechs e ITFs
- Exposición crítica a fraude digital
- Riesgo de cuentas muleteadas
- Supervisión creciente por pagos electrónicos
Casas de bolsa
- Riesgos de sanciones estadounidenses por exposición transfronteriza
- Operativa con corresponsales en riesgo
Aseguradoras
- Publicidad y oferta de seguros en segmentos que no los entienden (riesgo conductual)
Casinos
- Riesgo sistémico internacional ya reconocido por FinCEN
- La PNIF no solo no protege a este sector en lo absoluto sino que los expone al aumentar pagos electrónicos y corresponsales en zonas turísticas, la presión AML será mayor.
V. Recomendaciones Preliminares
1. Realizar un gap analysis PNIF vs. controles actuales
2. Rediseñar KYC/KYB con enfoque de inclusión + mitigación PLD/FT
3. Actualizar modelos de riesgo para segmentos vulnerables
4. Reforzar FRAML (FRAud Management AML) y monitoreo en tiempo real
5. Auditar corresponsales y terceros con criterios de riesgo criminal
6. Preparar estrategias internas para alinear operaciones a estándares de EUA.
7. Establecer métricas internas de bienestar financiero
CONCLUSIONES
La Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030 constituye un avance en términos de articulación institucional y fijación de metas de acceso, uso y protección de servicios financieros; sin embargo, al confrontarla con la realidad del sistema financiero mexicano y con el contexto geopolítico actual, el análisis muestra que se trata de una política parcial e incompleta frente a los riesgos que efectivamente enfrentan las entidades supervisadas.
En primer lugar, la PNIF 2025–2030 no reconoce de manera explícita que varias de las metas de la PNIF 2020–2024 no se alcanzaron, e incluso que México retrocedió en indicadores clave como el ahorro formal y el uso de pagos digitales. Este dato no es menor: implica que el nuevo ciclo de política pública se apoya en un desempeño previo, cuando menos, discreto, y aun así opta por metas moderadas. En este contexto, el concepto de “bienestar financiero” se mantiene como un objetivo deseable, pero políticamente ambiguo, difícil de medir y fácilmente utilizable como narrativa, más que como criterio robusto de evaluación.
En segundo lugar, si bien el análisis original identifica riesgos inherentes y residuales importantes (fraude digital, PLD/FT en segmentos vulnerables, corresponsales, infraestructura, protección al usuario), es necesario reconocer que faltan vectores críticos que la PNIF ignora y que el sistema financiero no puede darse el lujo de omitir. Entre ellos destacan:
El salto histórico de las remesas 2020–2025 y su papel como vector de riesgo transfronterizo (fraude, extorsión, operaciones estructuradas, lavado basado en comercio, presión sobre corresponsales y posible financiamiento de economías criminales).
El bloqueo y congelamiento de cuentas (UIF, listas internas, alertas interbancarias) y su uso, en ocasiones, con rasgos de discrecionalidad, que impactan la confianza de los usuarios, el acceso real a servicios financieros y la viabilidad de la inclusión en zonas vulnerables.
El De-risking estructural, que no es un fenómeno superficial, sino el resultado de al menos cuatro fuerzas combinadas: (i) políticas internas conservadoras de los bancos, (ii) temor a sanciones de Estados Unidos, (iii) presión de corresponsales extranjeros y (iv) imposibilidad real de operar en regiones capturadas por el crimen organizado. En estas condiciones, la meta de “bancarizar segmentos vulnerables” es irrealista sin una reforma paralela en materia AML/CFT y de riesgo país.
Los riesgos asociados a fintech, empresas “unicornio” y plataformas digitales, que escalan la capacidad de cometer fraude y abuso: colapso de modelos P2P, manipulación de wallets, uso de cuentas mule, crédito exprés opaco, “facturación falsa 2.0” y consolidación de un shadow banking digital con regulación imperfecta.
En tercer lugar, la PNIF no internaliza de manera suficiente los riesgos de extorsión y captura criminal en zonas vulnerables, donde la expansión bancaria y de corresponsales se encuentra, en los hechos, con la presencia y control de grupos delictivos que imponen cobros, capturan corresponsales, abren cuentas a través de prestanombres y utilizan la infraestructura financiera como extensión de sus operaciones. Tampoco considera el uso político potencial de la PNIF, tanto para presionar a las instituciones (“si no aperturas cuentas aquí, no cumples con la política”) como para justificar auditorías selectivas del SAT y de la CNBV bajo el argumento de falta de productos o prácticas “inclusivas”.
En cuarto lugar, desde la lógica de gestión de riesgo, todavía quedan factores inherentes y residuales insuficientemente atendidos: remesas, riesgo político y de seguridad pública, infraestructura de telecomunicaciones precaria, presión internacional (EUA, FATF) y riesgo sistémico digital (fintechs) como factores inherentes; así como bloqueos y congelamientos, reputación internacional frente a OFAC/FinCEN, persistencia del riesgo por corresponsales rurales y del uso intensivo de efectivo como factores residuales. Ignorar estos elementos no los hace desaparecer; solo desplaza su manifestación hacia incidentes futuros.
La PNIF 2025–2030 no es una estrategia de integridad financiera ni de contención de riesgos sistémicos, sino una política de inclusión con foco social que no dialoga adecuadamente con la realidad criminal interna ni con las expectativas de Estados Unidos y de los estándares internacionales en materia de crimen financiero. Para las entidades reguladas, esto implica que “cumplir con la PNIF” será, en el mejor de los casos, cumplir con una parte del problema. La verdadera supervivencia regulatoria y reputacional exige ir más allá: integrar remesas, De-risking, congelamientos, fintech/unicornio, extorsión territorial y riesgo geopolítico en sus propios marcos de gestión de riesgos inherentes y residuales, diseñando un modelo de cumplimiento y de FRAML que responda al entorno real, no solo al discurso oficial.
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