Insurgencias Criminales y Guerra Urbana.

Insurgencias Criminales y Guerra Urbana: 

Implicaciones para el Sector Financiero y Económico en México.

I. Introducción.

En un escenario donde la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo se ha transformado en una amenaza transnacional, la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) por parte del gobierno de los Estados Unidos representa un punto de inflexión geopolítico, jurídico y operativo que redefine la arquitectura de riesgos para gobiernos, instituciones financieras y empresas que operan en México y a nivel internacional.

Esta calificación no es meramente simbólica. Implica la activación de un marco jurídico de excepción —bajo el Título 8 del Código de los EE. UU. (USC §1189)— que permite, entre otras medidas, el congelamiento automático de activos, el enjuiciamiento extraterritorial de personas o entidades que proporcionen “apoyo material” (material support) a estos grupos, y la cooperación directa entre agencias de inteligencia, defensa y cumplimiento financiero. La nueva categoría impone obligaciones inmediatas y estrictas a los sujetos obligados bajo leyes como la Ley de Secreto Bancario (BSA), la USA PATRIOT Act, y su contraparte mexicana, la LFPIORPI.

Para las empresas, ignorar esta nueva clasificación equivale a operar en un entorno de riesgo sin cartografía. La falta de un análisis riguroso sobre el funcionamiento, las redes financieras, la lógica territorial y los mecanismos de cooptación institucional de estos grupos puede desembocar en la implementación de medidas de mitigación ineficaces, excesivas o, peor aún, contraproducentes. Adoptar políticas de debida diligencia sin inteligencia contextualizada es como construir búnkeres sin saber de dónde viene el fuego.

En este entorno, las áreas de cumplimiento, auditoría y riesgo no pueden seguir tratándolos como simples grupos criminales. Deben comenzar a operar con un enfoque de contrainteligencia financiera, entendiendo que estos actores no sólo lavan dinero: financian violencia política, corrompen aparatos de gobierno y explotan las vulnerabilidades del sistema financiero global. El costo de la inacción o del análisis superficial es demasiado alto.

Este fenómeno poco estudiado y que, a diferencia de tipificarlo como terrorismo en México y a los cárteles de las drogas u organizaciones del crimen organizado en Organizaciones Terroristas Extranjeras, y Terroristas Globales Especialmente Designados (FTO y SDGT por sus siglas en inglés, respectivamente), expone una realidad alarmante sobre la evolución de los grupos criminales hacia estructuras más complejas que desafían directamente al Estado; el cual tiene profundas implicaciones para el sector financiero mexicano, que se encuentra en la primera línea de defensa contra el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. 

La transformación de organizaciones criminales en verdaderas insurgencias territoriales y no en terroristas representa un desafío multidimensional donde los mecanismos tradicionales de prevención de lavado de dinero pueden resultar insuficientes frente a estructuras que han desarrollado sistemas paralelos de gobierno, economía y control social.

La evolución de simples bandas locales hacia insurgencias criminales de tercera generación ha creado un ecosistema donde el flujo de capital ilícito no solo busca integrarse al sistema financiero formal, sino que también construye infraestructuras económicas paralelas en territorios donde el Estado ha perdido su capacidad de acción efectiva. Este escenario demanda replanteamientos estructurales en cómo las instituciones financieras mexicanas evalúan riesgos, implementan controles y colaboran con autoridades nacionales e internacionales.

II. Análisis.

A. Evolución de los grupos criminales hacia insurgencias.

En México, este fenómeno ha sido visible a nivel regional a través de la presencia de carteles como el de Los Zetas, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A ello, podemos añadir bandas criminales como la de los Mara Salvatrucha, en El Salvador, que usó violencia propagandística, para desplazar a grupos rivales e inhibir la presencia de las fuerzas policiales en su área de influencia; o en Brasil, donde diversas bandas criminales como Primeiro Comando da Capital y de la facción rival, el Comando Vermelho, continúan organizando operaciones de control territorial sobre favelas de Rio de Janeiro y Sao Paulo.

En los últimos 10 años podemos identificar una clara transformación en los grupos criminales latinoamericanos, especialmente en México, El Salvador y Brasil. Esta evolución sigue un patrón definido que transita desde bandas locales hasta auténticas insurgencias criminales con capacidad para disputar territorios al Estado. Por lo anterior, podemos clasificar esta evolución en tres generaciones:

Bandas de primera generaciónOperan localmente con interés político limitado y violencia focalizada.
Bandas de segunda generaciónDesarrollan mercados ilícitos transnacionales con estructuras jerárquicas organizadas y mayor sofisticación táctica.
Bandas de tercera generación Forman redes de milicias criminales con amplia influencia política y capacidad militar para asegurar enclaves territoriales.

Desde la perspectiva del sector financiero, esta evolución representa un desafío creciente. Las organizaciones de primera generación pueden utilizar métodos relativamente básicos de lavado de dinero, como el pitufeo o la mezcla con negocios legítimos locales. Sin embargo, al evolucionar a estructuras de segunda y tercera generación, desarrollan sistemas sofisticados de gestión financiera que incluyen redes internacionales, uso de testaferros corporativos y la captación de instituciones financieras a través de la corrupción e intimidación.

B. Ciudades ferales y espacios de ingobernabilidad.

El concepto de “ciudades ferales”, se deriva de aquellas caracterizadas por una acentuada falta de servicios públicos e infraestructura deficiente, donde la autoridad estatal ha sido parcial o totalmente desplazada. Estas ciudades ofrecen condiciones ideales para que los grupos criminales establezcan zonas de control, incluyendo puertos, aeropuertos y aduanas estratégicas para el comercio ilícito.

Para el sector financiero, identificar estas zonas geográficas de alto riesgo es fundamental en sus procesos de debida diligencia. Las transacciones financieras originadas en estas áreas deberían someterse a un escrutinio reforzado, considerando que pueden formar parte de flujos económicos controlados por insurgencias criminales. Asimismo, el sector inmobiliario en estas zonas representa un vector particular de riesgo, al servir como mecanismo de blanqueo de capitales a través de desarrollos urbanos e inversiones en propiedades.

C. Operación de gobiernos paralelos y economías ilícitas.

Un aspecto central es cómo las insurgencias criminales establecen gobiernos paralelos, llegando a proveer servicios básicos, seguridad y mecanismos de resolución de conflictos en las comunidades bajo su control. Este fenómeno crea un ecosistema económico donde actividades lícitas e ilícitas se entrelazan, dificultando enormemente la diferenciación entre transacciones legítimas y aquellas vinculadas al crimen organizado.

Para las instituciones financieras, este escenario plantea un problema de “legitimación social” de actividades económicas que, aunque aparentemente legales en su operación diaria, derivan su existencia y protección del control criminal del territorio. Los sistemas tradicionales de monitoreo transaccional pueden fallar al detectar estos flujos financieros, pues externamente pueden simular actividades comerciales legítimas sustentadas en documentación aparentemente válida.

D. Capacidades tácticas y operativas de las nuevas insurgencias.

Estas organizaciones criminales han desarrollado capacidades militares sofisticadas, empleando tecnologías avanzadas como drones, sistemas de vigilancia y dispositivos GPS para operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El caso de Los Zetas, el Cartel de Sinaloa y el CJNG en México ilustra esta transformación, donde grupos paramilitares utilizaron tácticas de guerra irregular para controlar territorios y crear lazos comunitarios alternos que fomentan actividades económicas ilícitas.

Desde la perspectiva de prevención de lavado de dinero, esto implica que las organizaciones criminales tienen ahora capacidad para:

a. Monitorear y contrarrestar operaciones de inteligencia financiera.

b. Obtener información privilegiada sobre investigaciones en curso.

c. Ejercer presión sobre funcionarios del sector financiero mediante inteligencia proactiva.

d. Desarrollar sistemas financieros paralelos altamente sofisticados.

III. Consideraciones para el sector financiero mexicano.

A. Nuevos paradigmas de evaluación de riesgo territorial.

El modelo tradicional de evaluación de riesgo geográfico utilizado por las instituciones financieras debe adaptarse para incorporar el concepto de “espacios de ingobernabilidad” y “ciudades ferales”. No se trata simplemente de identificar países o regiones de alto riesgo según listas internacionales, sino de desarrollar mapas de riesgo detallados que identifiquen:

a. Zonas urbanas con presencia de insurgencias criminales.

b. Áreas de disputa territorial entre grupos criminales.

c. Nodos estratégicos (puertos, aeropuertos, zonas fronterizas) bajo influencia criminal.

d. Sectores económicos cooptados por organizaciones criminales en determinadas regiones.

Este enfoque permitiría aplicar controles reforzados a transacciones financieras asociadas a estas áreas, especialmente cuando involucran sectores económicos vulnerables como la construcción, el comercio internacional o servicios de transporte.

B. Identificación de estructuras financieras paralelas.

Las insurgencias criminales han desarrollado sistemas económicos paralelos con sus propias reglas, intermediarios y mecanismos de transferencia de valor. Por eso, el sector financiero formal debe desarrollar capacidades para identificar estas estructuras, que pueden incluir:

a. Redes de casas de empeño y prestamistas informales en zonas controladas.

b. Empresas de transporte y logística que facilitan el movimiento de mercancía ilícita.

c. Desarrollos inmobiliarios financiados con capital de procedencia dudosa.

d. Sistemas de compensación financiera informal entre territorios controlados por la misma organización.

La identificación de estas estructuras requiere una comprensión profunda de cómo operan los ecosistemas económicos en territorios bajo control criminal, más allá del análisis transaccional tradicional.

C. El fenómeno de la legitimación social criminal.

Las insurgencias criminales buscan legitimidad social mediante la provisión de servicios, protección y oportunidades económicas. Esta dinámica crea un desafío particular para el sector financiero, pues muchos negocios legítimos en estas zonas operan bajo la “protección” de grupos criminales, difuminando la línea entre economía legal e ilegal. Por lo tanto, las instituciones financieras deben desarrollar indicadores más sofisticados para identificar:

a. Negocios que operan bajo esquemas de protección criminal.

b. Empresas que sirven como fachada para operaciones ilícitas.

c. Flujos financieros asociados al “cobro de piso” y extorsión sistemática.

d. Actividades económicas legítimas contaminadas por capital criminal.

e. Vulnerabilidades del sector financiero ante la corrupción e intimidación.

Cabe destacar cómo las insurgencias criminales utilizan tanto la corrupción como la violencia para garantizar la operación de sus negocios ilícitos. Para el sector financiero, esto representa un riesgo doble:

1. La infiltración de sus estructuras mediante la corrupción de empleados clave.

2. La intimidación directa de personal de las áreas de cumplimiento del sistema financiero en zonas controladas por grupos criminales.

Ambos factores pueden comprometer los sistemas de prevención de lavado de dinero más robustos, creando vulnerabilidades difíciles de detectar mediante auditorías tradicionales.

IV. Recomendaciones para el sector financiero en México.

A. Implementación de inteligencia financiera georreferenciada.

Las instituciones financieras deben desarrollar capacidades de análisis geoespacial que les permitan:

a. Mapear patrones transaccionales vinculados a territorios específicos.

b. Identificar concentraciones inusuales de actividad financiera en zonas bajo control criminal.

c. Correlacionar indicadores de violencia con patrones financieros emergentes.

d. Establecer umbrales de alerta específicos para transacciones originadas en las mencionadas “ciudades ferales”.

Estas herramientas permitirían aplicar un enfoque basado en riesgo más preciso, focalizando recursos de monitoreo en áreas geográficas donde la presencia de insurgencias criminales es más fuerte.

B. Desarrollo de unidades especializadas en insurgencias criminales dentro de los Centros de Fusión de Inteligencia.

Se recomienda la creación de equipos multidisciplinarios dentro de las áreas de cumplimiento que incluyan:

a. Especialistas en análisis criminal y conflictos armados urbanos.

b. Analistas con experiencia en inteligencia militar y contrainsurgencia.

c. Expertos en economía informal y mercados ilícitos.

d. Profesionales con conocimiento profundo de dinámicas territoriales locales.

Estos equipos podrían desarrollar tipologías específicas relacionadas con insurgencias criminales y proporcionar capacitación especializada al resto del personal de cumplimiento.

C. Fortalecimiento de la colaboración público-privada.

El sector financiero debe establecer mecanismos de colaboración efectiva con:

a. Unidades de inteligencia financiera y fiscal.

b. Agencias de seguridad nacional especializadas en crimen organizado.

c. Observatorios académicos que estudian fenómenos de violencia urbana.

d. Organizaciones de la sociedad civil con presencia en territorios afectados.

Esta colaboración debe ir más allá del reporte obligatorio de operaciones inusuales, para incluir el intercambio de análisis estratégicos sobre patrones emergentes y nuevas metodologías de lavado de activos asociadas a insurgencias criminales.

D. Implementación de protocolos de seguridad para personal en zonas de alto riesgo.

Es fundamental desarrollar protocolos específicos para proteger a integrantes del sistema financiero que operan en territorios bajo influencia de insurgencias criminales, incluyendo:

a. Sistemas de rotación frecuente de personal de las áreas de cumplimiento en zonas críticas.

b. Mecanismos anónimos para reportar intentos de intimidación o corrupción.

c. Protección física y digital para personal clave en áreas de cumplimiento.

d. Evaluaciones periódicas de riesgo personal para empleados en zonas controladas.

Estos protocolos no solo protegen al personal, sino que reducen el riesgo de comprometer los controles antilavado por intimidación o amenazas.

E. Adaptación de modelos de evaluación de riesgo cliente.

Los modelos tradicionales de riesgo cliente deben incorporar variables relacionadas con:

a. Operación en territorios controlados por insurgencias criminales.

b. Vinculación con sectores económicos susceptibles a cooptación criminal.

c. Patrones transaccionales consistentes con actividades de “protección” o extorsión.

d. Crecimiento patrimonial acelerado en zonas con presencia de economías ilícitas.

Esta adaptación permitiría identificar clientes que, aunque aparentemente legítimos, podrían estar operando dentro de ecosistemas económicos controlados por grupos criminales.

F. Desarrollo de capacidades analíticas sobre economías paralelas.

Las instituciones financieras deben invertir en capacidades para:

a. Analizar flujos financieros informales que operan paralelamente al sistema bancario.

b. Identificar mecanismos de compensación utilizados por redes criminales.

c. Detectar patrones que sugieren la existencia de sistemas de financiamiento alternativos.

d. Monitorear la intersección entre economías formales e informales en zonas críticas.

Este conocimiento permitiría anticipar cómo las insurgencias criminales utilizan sistemas financieros paralelos y dónde estos se interrelacionan con el sistema formal.

G. Actualización constante de tipologías y señales de alerta.

Se recomienda crear un sistema dinámico de actualización de tipologías que:

a. Incorpore lecciones aprendidas de casos significativos de lavado vinculados a insurgencias.

b. Adapte señales de alerta a las características específicas de cada territorio.

c. Considere la evolución táctica y operativa de los grupos criminales.

d. Integre análisis de inteligencia de fuentes abiertas sobre nuevos métodos criminales.

La capacidad de adaptación rápida es crucial frente a organizaciones criminales que evolucionan constantemente sus metodologías de operación financiera.

V. Conclusiones.

Las insurgencias criminales representan una amenaza multidimensional que trasciende los desafíos tradicionales de prevención de lavado de dinero. Su capacidad para establecer gobiernos paralelos, controlar territorios y desarrollar ecosistemas económicos alternativos exige una transformación profunda en cómo el sector financiero mexicano conceptualiza y aborda los riesgos de lavado de activos.

El sector financiero debe reconocer que está operando en un contexto donde no solo enfrenta actividades ilícitas aisladas, sino verdaderas estructuras paralelas que disputan la soberanía económica al Estado. Esta realidad demanda un enfoque integrado que combine análisis territorial, comprensión de dinámicas criminales complejas y protocolos de seguridad reforzados para evitar encasillarles en actividades de terrorismo.

La implementación de las recomendaciones propuestas no solo fortalecería los mecanismos de prevención de lavado de dinero, sino que contribuiría al esfuerzo más amplio de recuperar la gobernabilidad en territorios actualmente bajo la influencia de insurgencias criminales. La batalla contra estas organizaciones criminales se libra no solo en la seguridad pública, interior, nacional e internacional, sino también en el frente financiero, y las instituciones bancarias tienen una responsabilidad crucial en cortar los flujos económicos que sostienen estas estructuras paralelas de poder.

Marco de recomendaciones prácticas y normativas para bancos, empresas y gobiernos, enfocado en mitigar riesgos derivados de la designación de cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs).

I. Recomendaciones para Instituciones Financieras

1. Reconfiguración del Enfoque de Riesgo

  • Recalificar a los grupos delictivos designados como FTOs dentro de los manuales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), elevando automáticamente su categoría a “riesgo crítico”.
  • Introducir matrices de riesgo diferenciadas para actividades relacionadas con zonas geográficas de alta influencia criminal-terrorista.

2. Debida Diligencia Reforzada (Enhanced Due Diligence)

  • Implementar procedimientos de due diligence reforzada no solo en sectores tradicionalmente vulnerables (efectivo, casinos, bienes raíces), sino en actividades logísticas, agroindustriales y mineras, que han sido infiltradas por estos grupos.
  • Verificación cruzada con listas OFAC (SDGT y SDN), INTERPOL, FinCEN y registros de inteligencia nacional.

3. Unidad de Inteligencia Financiera Interna

  • Crear células internas de análisis de inteligencia financiera con metodologías inspiradas en análisis de amenazas híbridas (militar-civil).
  • Capacitar personal en tipologías de financiamiento del terrorismo y en el cruce entre actividades criminales y terrorismo no convencional.

4. Reportes de Operaciones Inusuales con Contexto

  • Incluir elementos narrativos de análisis geopolítico y de patrón operativo en los reportes de operaciones inusuales (ROIs).
  • Cooperación directa y proactiva con UIF, CNBV y FinCEN, bajo esquemas de intercambio de información protegida.

II. Recomendaciones para Empresas No Financieras (Actividades Vulnerables bajo LFPIORPI)

1. Evaluación Dinámica de Proveedores y Clientes

  • Incorporar criterios de vinculación indirecta con terrorismo (ej. transporte, seguridad privada, combustibles, agroindustria) en la evaluación de terceros.
  • Aplicación de tecnología de minería de datos para detectar nexos operativos, incluso cuando no hay antecedentes penales registrados.

2. Protocolos de Integridad y Alertas Tempranas

  • Actualizar los programas de integridad y códigos de conducta para incluir la prohibición expresa de relaciones con grupos designados como FTOs.
  • Establecer sistemas de alerta temprana con base en análisis reputacional, movimientos logísticos irregulares y cambios anormales en la estructura financiera de socios.

3. Blindaje Regulatorio ante el Riesgo de Sanciones

  • Establecer líneas de defensa frente a sanciones extraterritoriales de EE.UU. mediante asesoría especializada y monitoreo constante de cambios normativos OFAC / Treasury.
  • Capacitación periódica del consejo de administración y alta dirección sobre riesgos de “material support” inadvertido.

III. Recomendaciones para Gobiernos (Municipales, Estatales y Federales)

1. Revisión de Contrataciones y Fondos Públicos

  • Implementar filtros de inteligencia criminal y financiera en licitaciones públicas, en particular en obras de infraestructura, seguridad y transporte.
  • Crear unidades de “Compliance Gubernamental de Riesgo Terrorista” en estados y municipios de alta exposición, o fortalecer sus Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas.

2. Cooperación Internacional e Interagencial

  • Establecer convenios de colaboración directa con el Departamento del Tesoro, el FBI, DEA y agencias de inteligencia para intercambio técnico sobre FTOs y sus redes financieras.
  • Adoptar marcos de análisis y alertamiento similares a los de Homeland Security: modelo “Fusion Center” adaptado al contexto mexicano.

3. Comunicación Estratégica y Manejo de Crisis

  • Preparar estrategias de comunicación que expliquen claramente a la población y a la prensa los alcances de la designación FTO, para evitar pánico financiero y desinformación.
  • Activar protocolos de manejo de crisis en caso de que empresas locales sean sancionadas por vínculos colaterales con estos grupos.

Referencias Bibliográficas y Normativas

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